Comunicados

Manifiesto en Contra de la Resolución Ministerial sobre Reconocimiento de Cualificaciones de Nacionales de Terceros Países

24-Feb-2024

Desde el Movimiento Homologación Justa Ya, expresamos nuestro profundo desacuerdo con la Resolución Ministerial referente a la Recomendación (UE) 2023/2611 de la Comisión, publicada en el "Boletín Oficial del Estado" el 24 de noviembre de 2023. Dicha recomendación resuelve utilizar una vía específica que priorice las solicitudes de personas que residan legalmente en España, así ́ como de las personas que posean la nacionalidad española o de algún Estado miembro de la Unión Europea.

El pasado 27 de diciembre, representantes de Homologación Justa Ya se reunieron con José Manuel Pingarrón, secretario general de Universidades. En dicha reunión se presentó el último plan de choque y se le hizo entrega de una carta, en la cual se recopilaban todas las Recomendaciones de la UE 2023/2611 de la Comisión, del 15 de noviembre de 2023, que España no estaba cumpliendo. Entre ellas se menciona que “los Estados miembros deben reducir sistemáticamente los obstáculos con el reconocimiento de las capacidades y cualificaciones que impiden a los nacionales de terceros países migrar legalmente a su territorio, asegurarse un empleo que refleje sus capacidades y experiencia e integrarse con éxito en el mercado de trabajo del Estado miembro en cuestión y, de ese modo, hacer frente a la escasez de capacidades y mano de obra en dicho Estado miembro”.

En el informe publicado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades el 21 de febrero, se anuncia que se va a dar prioridad a los solicitantes que posean nacionalidad europea y/o residencia legal en España, con la excusa de hacer frente a la escasez de personal cualificado en sectores necesitados, lo cual es contradictorio con las Recomendaciones de la UE de integrar al mercado laboral a nacionales de terceros países. Esta medida, además, incumple los principios constitucionales de igualdad social ante la ley de la Constitución Española, mediante la cual todos los individuos pueden acceder a sus derechos civiles sin discriminación por racismo, sexismo, idioma, edad, por discapacidad o cualquier otra condición. Ya en dicha reunión, nos posicionamos abiertamente en contra de esta decisión, tal como se dejó claro en el informe publicado por este movimiento días posteriores.

Dicha resolución no se trata de una modificación menor, sino de un cambio radical de los procedimientos de homologación y de equivalencia vigentes, los cuales se basan únicamente sobre el reconocimiento académico, y hasta el momento no tenían implicaciones en lo respectivo a permisos de trabajo o de residencia. Esto permitirá que los solicitantes pudieran iniciar su trámite en el extranjero, tanto para acelerar el procedimiento como para solicitar becas en maestrías o aplicar a programas de doctorado. Esto no significa que, al nivel del Marco Español, no puedan modificarse los procesos para establecer la correspondencia de Cualificaciones para la Educación Superior de los títulos universitarios oficiales. Sin embargo, un cambio de tal magnitud se debe implementar por medio de los procedimientos pertinentes, lo cual implicaría la participación del Congreso de los Diputados y del Senado, es decir, de un acuerdo de la mayoría de las Cortes, además de un Consejo de ministros, en donde los Ministerios de Trabajo, Inclusión Social y afines aportaran su revisión. Por lo tanto, en ningún caso un secretario general, con una norma de rango inferior, puede modificar un sistema que está regulado por Real Decreto. Además, no se aclara a qué tipo de vía se refieren, dejando más interrogantes que soluciones. En este punto, el secretario general, José Manuel Pingarrón, se extralimita y va en contra derechos adquiridos de las personas que se encuentran en procedimiento, ya que no se trata de un sistema de cambio a aplicar a futuro, sino que afecta de manera retroactiva a quienes se encuentran hace más de 3 años en espera de homologación y/o equivalencia .

Entre las múltiples situaciones negativas a lo que esto puede conllevar, debemos considerar, por ejemplo, a las personas que han retornado a su país debido a los años de espera sin respuesta por parte del Ministerio. También a las personas que iniciaron el procedimiento con pasaporte, y durante el tiempo de espera finalizaron su residencia legal, pero ya no pueden aportar los papeles correspondientes (de nuevo, debido al mal funcionamiento de la administración del Ministerio). También se debe considerar el hecho de que esta resolución conducirá a que quien inicie el trámite a partir de esta fecha, teniendo nacionalidad europea o residencia legal, tendrá prioridad sobre otra persona sin tales beneficios que lleve años esperando, y que un solicitante extranjero que ya esté en posesión de una ciudadanía europea tenga más prioridad que una persona que lleva más de 5 años en situación administrativa irregular en territorio español esperando los trámites para tener su documentación. Tampoco se deja en claro qué ocurre con el colectivo de personas de terceros países de la Unión Europea con protección internacional. Para concluir, es otra forma de decir que no se respetará el orden de llegada de los solicitantes, y de que han decidido saltarse los protocolos oficiales estableciendo una medida subjetiva que de ninguna manera beneficia al total de los solicitantes, sino que, por el contrario, establece un desbalance y conflictos entre el mismo.

Tal como dejamos en claro en nuestro Manifiesto, y en los múltiples informes publicados por nuestra Asociación, está demostrado que los afectados sufren demoras de hasta 9 años de espera, de los cuales el único responsable es el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. De ninguna manera este Ministerio puede intentar escaparse de sus responsabilidades y de sus incumplimientos generando nueva normativa que rompa el orden de ingreso a los expedientes, y menos de la forma en la que se está llevando a cabo.

Desde Homologación Justa Ya:

- Expresamos nuestra preocupación por la falta de consulta significativa con la sociedad civil y las organizaciones relevantes antes de la adopción de esta resolución.

- Nos oponemos a la priorización de expedientes basándose en prácticas discriminatorias basadas en la nacionalidad y en la situación administrativa. Exigimos que cualquier proceso de reconocimiento de cualificaciones respete y proteja los derechos humanos fundamentales, evitando cualquier forma de discriminación o trato desigual.

- Demandamos una mayor transparencia en el proceso de implementación y mecanismos efectivos de rendición de cuentas para evitar cualquier forma de discriminación sistémica.

En virtud de lo anterior, instamos al Ministerio a reconsiderar esta resolución y a comprometerse en un diálogo abierto con la sociedad civil y las partes interesadas, considerando el impacto potencial en la igualdad y la diversidad. Abogamos por una política que refleje los valores fundamentales de no discriminación y respeto por los derechos de todas las personas, independientemente de su origen.

Homologación Justa Ya

24 de febrero de 2024